El presidente del Senado, Miguel Torres, restó importancia a la denuncia constitucional presentada por integrantes de Juntos por el Perú (JP), que solicita inhabilitarlo durante diez años por presuntas irregularidades en la firma de la autógrafa de ley que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

El parlamentario de Fuerza Popular sostuvo que el Congreso debería concentrarse en atender los problemas del país y no dedicar tiempo a este tipo de cuestionamientos. Además, señaló que todavía no había revisado a profundidad la acusación presentada en su contra.

«Estoy convencido de la forma estrictamente legal y constitucional con la que se ha procedido, y colaboraremos para poder resolver esa acusación», manifestó Torres al defender el procedimiento cuestionado.

TORRES DESCARTA ENFRENTAMIENTOS. El titular del Senado también rechazó que esta denuncia pueda profundizar las diferencias entre ambas cámaras del Congreso.

Según explicó, la acusación fue promovida individualmente por uno o dos diputados de Juntos por el Perú y no representa necesariamente una posición general de la Cámara de Diputados.

Como ejemplo de la coordinación entre ambas instancias, mencionó que la Comisión Directiva aprobó por unanimidad el presupuesto y mantuvo un ahorro cercano a los S/450 millones.

MUÑANTE ASEGURA QUE LA DENUNCIA NO TENDRÁ RESPALDO. Por su parte, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, consideró que la acusación constitucional no conseguirá los votos necesarios para avanzar.

«Yo creo que no tienen ni los votos ni la razón para hacerlo», sostuvo el legislador, quien cuestionó a los promotores de la denuncia y los acusó de mantener una posición intolerante frente a los acuerdos políticos.

Muñante también defendió la necesidad de respetar los procedimientos legales y alcanzar consensos dentro del Parlamento.

De esta manera, mientras Torres sostiene que su actuación fue constitucional y resta importancia al cuestionamiento, la denuncia de Juntos por el Perú busca que se determinen las presuntas responsabilidades por el trámite de la autógrafa de ley.