Escribe: Ana Cristina Coaquira H.
“No se tuvo en cuenta…el derecho de familia. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a nuevos propietarios... ¿Se pueden utilizar estos celulares para una investigación si es que el nuevo titular no es parte de la investigación? Yo creo que hay un conflicto que no se ha evaluado…”, declaró el abogado Hugo Mendoza a Infobae Perú.
Esto luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmara la resolución que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos equipos móviles incautados durante las diligencias fiscales en la vivienda de Alan García, realizadas el 17 de abril de 2019. Medida, generó rechazo por parte de la defensa y la familia del fallecido expresidente, quienes argumentan que, con su deceso, la investigación debería extinguirse.
Hugo Mendoza apoyó la posición de la familia de García, indicando que la medida atenta contra el derecho de familia. Tras el suicidio del expresidente, sus propiedades pasaron a ser propiedad de sus familiares.
“¿Por qué ir al celular de Alan si se puede al de los demás? ¿Acaso ellos no usaron su celular?”, cuestionó. “Si quiero corroborar la investigación contra Luis Nava, pues entro al celular de él porque en toda comunicación hay dos interlocutores. Entonces, todo lo que haya podido conversar con Alan García, suponiendo cosas ilícitas, también estará en el celular de Nava. ¿Por qué no van ahí? Con eso se supera el objetivo que busca la Fiscalía”, agregó.
Esta medida se dictó en el marco de la investigación a Luis Nava Guibert, exsecretario de la presidencia de la república durante el segundo gobierno de Alan García, quien está sindicado de recibir más de US$4 millones de la constructora brasileña Odebrecht, y otros delitos.
Para Mendoza, la insistencia en acceder a los celulares del expresidente tiene un trasfondo de “show político”. “Creo que hay un morbo detrás. Por no utilizar términos o adjetivos de otra naturaleza, están yendo a pescar. Es decir, no tengo nada, pero voy a ver qué encuentro y eso es absolutamente prohibido. Ha sido vetado desde hace mucho tiempo en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Suprema del Poder Judicial”, sentenció.
La defensa y la familia de Alan García continúan rechazando esta medida, considerando que se trata de una violación de derechos y un acto innecesario tras la muerte del expresidente.
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