En lo que va del año, se desembolsó cerca de un millón de soles para pagar a los abogados de los expresidentes y la actual mandataria Dina Boluarte, quienes en su calidad de jefes de Estado están envueltos en investigaciones por corrupción.
La defensa legal más costosa y que se paga con el dinero de todos los peruanos, es del exmandatario Ollanta Humala Tasso, quien gobernó desde el 2011 al 2016. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial aprobó la contratación del abogado Edison Huamán Chacón, quien cobró por sus servicios S/291 600.
Humala, junto con su esposa Nadine Heredia, enfrenta un juicio oral por presunto lavado de activos, acusados de presuntamente recibir aportes ilícitos del gobierno de Hugo Chávez, Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Además tiene otras investigaciones por colusión agravada y tráfico de influencias. En cuanto a su juicio, si es declarado culpable deberá pagar S/422 millones de reparación civil al Estado, fue pedido por la Procuraduría.
El que sigue a Humala es Luis Nava Guibert, exministro y exsecretario del fallecido expresidente Alan García, su defensa legal en el caso Odebrecht cuesta al erario público S/200 mil. Precisamente quien defiende al exfuncionario es uno de los abogados de la mandataria Dina Boluarte: Juan Carlos Portugal, quien hace sus apariciones en medios de comunicación alegando que es vocero de la jefa de Estado. A él cada mes se le desembolsa S/40 mil. El primer monto fue aprobado en mayo de este año.
Después de Nava se posiciona la defensa legal de Boluarte Zegarra, quien contrató a Joseph Campos Torres por S/180 mil. La actual presidenta está envuelta no solo en la investigación por homicidio calificado por las muertes durante las protestas en su contra también le imputan haber recibido sobornos por parte de su ‘wayki’, Wilfredo Oscorima y por presuntamente incrementar su patrimonio de manera irregular. Estas investigaciones son en calidad de presidenta, mientras que -cuando aún no había asumido el sillón presidencial- Boluarte fue imputada de formar parte de la red criminal ‘Los dinámicos del centro’.
Después de la presidenta está Alejandro Toledo, quien también es investigado por colusión y lavado de activos debido a supuestos sobornos recibidos de la constructora Odebrecht para adjudicar el tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. En su caso se desembolsó S/100 mil a su defensa legal: Roberto Su.
Es menester precisar que el pago de la defensa legal a las autoridades cubiertas por el Estado es validado por la Constitución y el dinero se devuelve en caso sea declarado culpable.
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