Un total de 252 candidatos inscritos para las Elecciones Generales 2026 registran sentencias penales vigentes, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los postulantes buscan llegar a la presidencia, al Congreso bicameral o al Parlamento Andino, pese a contar con antecedentes por delitos que van desde omisión de asistencia familiar hasta corrupción y agresiones graves. El hallazgo ha generado preocupación en distintos sectores ante la cercanía del proceso electoral.
De acuerdo con el registro oficial, las organizaciones políticas con mayor número de postulantes sentenciados son Podemos Perú, con 19 casos; Fuerza Popular, con 15; y Alianza para el Progreso, con 14. También figuran Perú Primero, Perú Libre y otras agrupaciones con cifras significativas. En total, al menos 36 aspirantes presentan más de una sentencia en su historial judicial, lo que evidencia un patrón reiterado de infracciones legales entre algunos actores políticos.
Los delitos consignados en las hojas de vida incluyen omisión de asistencia familiar, violencia familiar, agresión sexual, hurto, estafa y corrupción. Aunque no todos los casos implican penas privativas de libertad vigentes, el registro refleja antecedentes que, para diversos analistas, ponen en cuestión la idoneidad ética de quienes buscan representar a la ciudadanía en cargos públicos.
Desde el Jurado Nacional de Elecciones se precisó que la existencia de una sentencia no implica automáticamente la exclusión de un candidato. La normativa vigente establece que solo ciertos delitos —como terrorismo, narcotráfico o violación de la libertad sexual— generan impedimentos absolutos. En los demás casos, corresponde a los órganos electorales evaluar cada situación conforme a ley.
Mientras continúa el proceso de revisión de listas y tachas, el escenario evidencia una vez más la fragilidad de los filtros políticos y el desafío de fortalecer los mecanismos de transparencia. A pocos meses del inicio formal de la campaña, el debate sobre la idoneidad moral y legal de los aspirantes vuelve a ocupar el centro de la agenda pública.
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