El centro histórico del Cusco volvió a ser escenario de protesta y memoria. Decenas de manifestantes se congregaron frente al Palacio de Justicia para encender velas y exigir justicia por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, quien perdió la vida tras recibir un disparo durante la marcha nacional del 15 de octubre en Lima.
El hecho, ocurrido en las inmediaciones de la plaza Francia, fue atribuido por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al suboficial Luis Magallanes, de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
En el acto simbólico, la activista social Rosmery Roca arremetió contra la institución policial y el Ejecutivo, a quienes acusó de encubrir responsabilidades. La dirigente no ocultó su indignación frente a lo sucedido. “Lo que vimos ayer en Lima nos indignó mucho. La región del Cusco se suma en solidaridad para exigir justicia y evitar la impunidad”, expresó.
Durante su intervención, Roca calificó a la Policía Nacional como “corrupta y mafiosa” y denunció que el Gobierno de José Jerí intenta deslindar a la institución de toda responsabilidad. Según la ciudadana, “ya se ha comprobado que un suboficial disparó a quemarropa” contra el joven manifestante durante una jornada que reunió a universitarios, transportistas, sindicatos y colectivos feministas que protestaban contra el Gobierno y el Congreso.
En medio de un encendido discurso, Roca también recordó a las víctimas del conflicto social ocurrido durante el gobierno anterior. “En Cusco todavía esperamos justicia para Remo Candia y Rosalino Flores, quienes fueron cruelmente asesinados durante el régimen de Dina Boluarte. El régimen de Jerí no es distinto al de Dina Boluarte: son primos hermanos, nacen de la misma matriz dictatorial, y acá no vamos a descansar hasta que todos caigan”, enfatizó la activista.
En paralelo, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí, por su presunta responsabilidad política en los hechos ocurridos durante las protestas en la capital. La medida también alcanza al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sumando presión política a un gobierno que enfrenta un creciente malestar social tras la muerte de Ruiz Sanz.
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