La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un dictamen que autoriza a los ciudadanos a ingresar a entidades del Estado con dispositivos como celulares, cámaras o grabadoras para documentar actos públicos. La medida busca reforzar la transparencia en la gestión pública y garantizar el acceso a la información.
El dictamen establece que reuniones, audiencias y otras actividades oficiales podrán ser registradas, siempre que no exista una prohibición expresa por ley. Además, dispone que las propias instituciones estatales deberán dejar constancia de estos encuentros mediante actas, videos o grabaciones, las cuales tendrán carácter de documento público.
No obstante, la norma excluye espacios vinculados a seguridad nacional, defensa, investigaciones fiscales o judiciales, así como información clasificada. Asimismo, prohíbe que funcionarios impongan restricciones arbitrarias al uso de estos dispositivos, al considerar que vulnera el derecho ciudadano a la transparencia.
El incumplimiento de esta disposición podría derivar en sanciones administrativas graves, incluyendo suspensión o destitución, además de posibles denuncias penales por abuso de autoridad. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer el control y la rendición de cuentas en las instituciones públicas.
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