El líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que, de llegar al Gobierno, aplicará el arresto inmediato y el uso de grilletes electrónicos para migrantes en situación irregular. Según explicó en una publicación de Facebook, todo extranjero sin documentación sería detenido, tendría un plazo de 30 días para regularizar su estatus y sería monitoreado mediante un dispositivo electrónico. Si no cumple el requisito en el tiempo estipulado, sería deportado.
López Aliaga señaló que esta propuesta responde a las dificultades para identificar a migrantes que no cuentan con registros vigentes. Durante una entrevista previa, comparó su postura con medidas discutidas en Chile por el candidato presidencial José Antonio Kast, afirmando que el propio migrante debería asumir el costo del grillete. Aseguró que la vigilancia con tecnología e inteligencia artificial permitiría conocer la ubicación del intervenido en todo momento y evitar que personas sin identificación cometan delitos bajo el anonimato.
Pese al carácter restrictivo de la propuesta, el excalde insistió en que no plantea deportaciones masivas debido a la complejidad logística y al riesgo de fracturar familias mixtas. “La logística para botar a un millón de personas es brutal”, afirmó, añadiendo que su planteamiento busca ser gradual para evitar crisis humanitarias o conflictos diplomáticos. Según dijo, el monitoreo permitiría detectar desplazamientos irregulares y actuar según cada caso.
Las declaraciones se producen cuando decenas de migrantes se concentran en la frontera entre Perú y Chile, muchos intentando salir del país antes del balotaje chileno del 14 de diciembre. El candidato José Antonio Kast ha advertido a los migrantes irregulares que tienen un plazo limitado para abandonar Chile voluntariamente, lo que ha generado incertidumbre y movilizaciones en la zona limítrofe. Los sondeos difundidos antes del inicio de la veda electoral lo colocan con una ventaja de entre 12 y 16 puntos frente a su contendora, Jeannette Jara.
En respuesta a la presión migratoria, el Gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en distritos de la región Tacna para reforzar el control fronterizo. La administración de José Jerí desplegó a cien militares y cien policías en la zona con el objetivo de impedir el ingreso de personas indocumentadas y apoyar a la Policía Nacional en las labores de vigilancia.
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