Los ocho militares investigados por la muerte de cinco civiles durante una intervención en Colcabamba, Huancavelica, recuperaron su libertad luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo revocara la prisión preventiva que pesaba contra ellos. La Fiscalía sostiene que los efectivos habrían utilizado de manera desproporcionada sus armas de guerra contra los ocupantes de una camioneta.

La decisión judicial no significa que los militares hayan sido absueltos. La investigación por el presunto delito de homicidio calificado continúa y la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades individuales de los efectivos involucrados.

El hecho ocurrió el 25 de abril, cuando una patrulla del Ejército intervino una camioneta que circulaba por Colcabamba. Cinco de sus ocupantes murieron y otros tres resultaron heridos. De acuerdo con la investigación fiscal, los militares habrían realizado entre 60 y 90 disparos contra el vehículo utilizando fusiles SCAR-L.

Los peritajes citados por la Fiscalía señalan que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza y el tórax. El conductor, el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia, recibió 51 impactos, mientras que Wilder Romero Sevipaucar fue alcanzado por 12 disparos.

LÉGITIMA DEFENSA. Durante la audiencia en la que se revisó la prisión preventiva, los investigados defendieron su actuación y sostuvieron que habían actuado dentro de la ley y en legítima defensa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no existen evidencias de que los ocupantes de la camioneta hayan realizado una agresión armada contra los militares.

La investigación también señala que los efectivos habrían continuado disparando después de que la camioneta quedara detenida, cuando ya no existiría una amenaza que justificara el uso de fuerza letal.

Entre los investigados se encuentra el capitán Luis Montenegro Pardo, jefe de la patrulla, además del teniente Brayan Fernández Dett y seis suboficiales. La responsabilidad sobre quién ordenó los disparos aún forma parte de las diligencias fiscales.

PELIGRO DE FUGA. La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, integrada por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza, consideró que los investigados no representan un peligro procesal que justifique mantenerlos encarcelados.

En este tipo de audiencia, el tribunal evalúa principalmente si existe riesgo de fuga u obstaculización de la investigación. La decisión, por tanto, no determina la inocencia o culpabilidad de los militares.

Con la resolución, los ocho efectivos afrontarán el proceso en libertad mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer cómo ocurrió el ataque, quién ordenó abrir fuego y qué responsabilidad tuvo cada uno de los integrantes de la patrulla.