El presidente interino José María Balcázar impulsó desde la Comisión de Educación del Congreso la Ley 3217-1, una norma que autorizó el nombramiento excepcional de profesores auxiliares y asociados en universidades estatales sin concurso público.
Según el dominical, el proyecto —que había permanecido archivado por dos años— fue priorizado y acelerado por Balcázar hasta convertirse en ley con su voto favorable en tres ocasiones. Especialistas advierten que la medida “vulnera la meritocracia” en la docencia universitaria al eliminar filtros competitivos.
La norma terminó beneficiando directamente a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz, quien pasó de tener un contrato temporal a obtener una plaza a tiempo completo en la facultad de Derecho Público de la misma universidad donde también enseñó el actual mandatario.
Antes de la ley, su postulación había sido observada por no cumplir requisitos de experiencia. El reportaje señala que el jefe de Estado no informó sobre este potencial conflicto de interés, como exige el Código de Ética Parlamentaria.
El proyecto fue originalmente planteado en 2022 por legisladores de Perú Libre, pero no prosperó durante la gestión de la parlamentaria Gladys Echaíz, quien sostuvo que “debe primar la competencia y el conocimiento, y eso solo se mide a través de concursos rigurosos”.
Sin embargo, bajo la presidencia de Balcázar en la Comisión de Educación, el dictamen avanzó y fue aprobado en mayo de 2024. Posteriormente, el Ministerio de Economía transfirió cerca de cuatro millones de soles para cubrir los nombramientos en doce universidades, de los cuales más de 1,3 millones fueron destinados a la casa de estudios lambayecana.
La relación entre padre e hijo también se extendió al Congreso. En septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, cargo que figura vigente para el periodo 2025-2026.
Ni el presidente ni su hijo respondieron a las consultas del programa dominical. El caso reabre el debate sobre conflicto de intereses, transparencia y meritocracia en la educación pública, en un contexto político marcado por cuestionamientos éticos.
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