El congresista de la República, Ilich Fredy López Ureña, presentó un proyecto de ley que prohíbe que el Estado mantenga a los violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se necesita aprobar la propuesta. Según el legislador, el Estado invierte más de 451 millones de soles en combatir la delincuencia organizada y un gasto duplicado cuando el delincuente es atendido en un penal y no es sancionado al 100 % por su delito, pues recibe alimentación, espacio para vivir y otros.
La propuesta critica que desde “el 12 de junio de 1978, durante la dictadura militar, se incluyó al Perú en la Convención Americana de Derechos Humanos porque como fin supremo se buscó salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos de los países que son miembros de la Convención; no obstante, esta competencia nunca fue consultada al pueblo peruano, sino que fue interpuesta unilateralmente por el gobierno de turno”, describe el documento.
El contenido del proyecto de ley está basado en datos estadísticos del año 2008, en el cual se expone que costo total que asume la población como consecuencia de haber sido víctima de delincuencia organizada asciende a S/1705 millones. El 83 % de este monto corresponde a gastos de prevención y 17 % a gastos por hospitalización, días en recuperación, daño permanente por lesiones y otros.
Otro de los gastos son las medidas que toma la población para prevenir la delincuencia como cerraduras especiales y vigilancia, en el 2023 se suma la instalación de cámaras de seguridad. Las familias gastarían el doble de lo que gasta el Estado.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
