El Gobierno anunció que en los próximos días reglamentará la Ley N.° 32490, norma que establece mecanismos para que el Estado otorgue compensaciones económicas a las empresas de transporte víctimas de extorsión. La medida, presentada como parte de la estrategia contra el crimen organizado, incluye apoyos financieros para la “reactivación y recuperación” del sector.
Según el texto legal, las empresas afectadas podrán acceder a exoneraciones temporales —consideradas beneficios económicos— y a créditos blandos que serían canalizados a través del Banco de la Nación. Además, la ley dispone que el Estado provea compensaciones y seguros estatales por la pérdida de unidades de transporte o por el fallecimiento de trabajadores a causa de atentados vinculados a extorsión y sicariato.
El acceso a estos beneficios no será automático. La norma exige la acreditación del daño mediante informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) u otras autoridades competentes. El financiamiento provendrá de un fondo especial constituido con bienes muebles e inmuebles incautados al crimen organizado, específicamente aquellos vinculados a delitos de extorsión y sicariato.
No obstante, el esquema plantea interrogantes. Los bienes incautados son administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y luego subastados para recaudar fondos, lo que implica que, en la práctica, los recursos terminarían siendo aportados por los ciudadanos.
Además, la ley no precisa qué ocurrirá si el monto del daño supera el valor de los bienes incautados disponibles.
El presidente José Jerí confirmó que el reglamento estará listo, a más tardar, el sábado 17 de enero. Durante una reunión con transportistas en San Juan de Lurigancho, reconoció que la respuesta estatal ha sido insuficiente y asumió la demora en la reglamentación. “Máximo el sábado tienen que estar los reglamentos de la ley”, afirmó.
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