Lima. Luego de seis años el Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), por los delitos de colusión y lavado de activos. Sin embargo, su retorno al país sería entre siete a ocho semanas según especialistas, pero Fiscalía iniciará coordinaciones para que se haga en días.
El exmandatario Toledo es procesado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal recibió una coima de casi 32 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica.
El proceso de extradición duró seis años (ver línea de tiempo) y aún no culmina pues, para que Toledo llegue al Perú, tardaría dos meses según el fiscal superior Alfredo Rebaza. Explica que primero se tiene que coordinar entre ambos estados para que el ex jefe de Estado se entregue y sino es así detenerlo.
De allí en Perú se tendrá que formar una comitiva, probablemente Interpol, que va a ejecutar la decisión; es decir, ir allá y hacer el traslado a territorio peruano.
El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el expresidente Alejandro Toledo fue notificado y ello da la posibilidad para que se entregue.
DEFENSA. Mientras que la defensa legal del exmandatrio anunció que presentará un recurso ante la Corte del distrito Norte de California, para pedir la suspensión del proceso de extradición. Así lo informó la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión. Sin embargo, Rebaza afirma que se trata de una decisión de extradición que ya “pasó por todas sus etapas”, con lo cual se espera que “ya sea ejecutable luego de las coordinaciones en el tiempo que esto conlleve”.
La procuradora Carrión también informó que el Gobierno de los Estados Unidos presentará un pedido de revocatoria de la fianza del expresidente Toledo, para que la corte de ese país lo detenga de nuevo.
Si sucede así Toledo será arrestado en brevedad y será puesto a disposición del US Marshals, que es el servicio de policías de los Estados Unidos, órgano que ejecutará su entrega a la justicia peruana.
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