Lima. Uno de los primeros actos irregulares que se conoció del expresidente Pedro Castillo está relacionado con un inmueble en el distrito de Breña, Lima. El hilo de la madeja conducía a una vivienda en el pasaje Sarratea donde despachaba el maestro rural desde que era candidato. El problema es que siguió asistiendo al lugar incluso cuando ya había sido nombrado mandatario.
En un primer reportaje, se mostró que Castillo despachó en tres oportunidades: el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. Esto, pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
Es así como la casa del pasaje Sarratea en Breña se hizo conocida porque el exmandatario se reunía con familiares, amigos y exfuncionarios donde, según la tesis del Ministerio Público, habría tramado actos de corrupción. Esta vivienda pertenece a Alejandro Sánchez, quien desde el 16 de noviembre se encuentra prófugo de la justicia. Incluso, se paga una recompensa de 30 mil soles a quien revele su paradero.
El equipo especial de la Fiscalía allanó este inmueble y logró confiscar varias cajas de documentación relevante a la investigación ‘Asesores en la sombra’. En el domicilio se encontraron prendas de vestir de Castillo y placas recordatorias de su gobierno.
En la casa solo se encontraba la hermana del propietario, Tania Peralta Sánchez, quien confirmó al equipo especial que lo incautado le pertenece a Pedro Castillo.
Los representantes del Ministerio Público ingresaron al inmueble con una orden de allanamiento y descerraje. En el operativo se confiscaron muebles, televisores, colchones y ropa. Según la Fiscalía, existe la probabilidad de que el propietario Alejandro Sánchez disponga de dicho inmueble a favor de un tercero, de manera directa o a través de tercera persona, con el objetivo de sustraerlo de la persecución penal.
“Incluso, existe la probabilidad que el referido inmueble siga siendo utilizado con fines delictivos”, señala el oficio. En la hipótesis fiscal, esta casa habría sido usada como centro de operaciones de la red criminal. Pedro Castillo mantenía allí reuniones, incluso cuando asumió el mandato. Dichas citas son investigadas por el Congreso de la República y la Fiscalía. Presuntamente, se pudo haber pactado negocios irregulares para ganar obras con el Estado.
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