La presidenta Keiko Fujimori volvió a colocar la lucha contra la inseguridad ciudadana en el centro de su agenda y pidió al Congreso de la República acelerar la evaluación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Durante una visita a la región San Martín, este jueves 3 de septiembre, la mandataria sostuvo que estas herramientas permitirían fortalecer la inteligencia estatal, enfrentar con mayor dureza al crimen organizado, aumentar el control de los penales y agilizar la expulsión de extranjeros que permanezcan irregularmente en el país.
Fujimori afirmó que el Gobierno busca modificar el marco de acción contra las organizaciones delictivas para que puedan ser consideradas bajo categorías más severas. “Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas”, declaró. También exhortó al Parlamento a revisar con rapidez la propuesta remitida por el Ejecutivo ante el incremento de la preocupación ciudadana por delitos como extorsiones, secuestros y asesinatos.
Otro de los puntos centrales de la estrategia gubernamental será recuperar la capacidad operativa del sistema de inteligencia. “Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa”, reconoció Fujimori. Según explicó, el objetivo es obtener información anticipadamente para identificar y desarticular organizaciones criminales antes de que concreten sus ataques.
La mandataria también planteó una mayor participación conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), especialmente en el sistema penitenciario. “Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, señaló. El paquete del Ejecutivo incluye además medidas destinadas a acelerar los procedimientos de expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular.
El pedido había sido defendido un día antes por Fujimori durante una actividad oficial en Piura, donde respondió a cuestionamientos por el elevado número de denuncias de extorsión y sostuvo que reforzar la inteligencia permitiría anticiparse a los hechos delictivos. La insistencia de Palacio de Gobierno ocurre además en medio de cuestionamientos por recientes episodios violentos, entre ellos el secuestro de un empresario minero en Trujillo, caso que terminó con cuatro personas asesinadas y aumentó la presión sobre el Ejecutivo para mostrar resultados concretos frente a la criminalidad.
