Juntos por el Perú denunció que una falla técnica en el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impidió la formalización de sus listas parlamentarias, a pesar de haber cumplido con la carga de información dentro del plazo establecido. El partido sostiene que el colapso del sistema, ocurrido durante cinco horas clave, vulneró su derecho a participar en igualdad de condiciones en las Elecciones Generales 2026.
El candidato presidencial Roberto Sánchez explicó que el problema se produjo entre la noche del 23 y la mañana del 24 de diciembre, periodo en el que el JNE había ampliado excepcionalmente el plazo para completar las inscripciones iniciadas antes del cierre oficial. Según detalló, la plataforma digital se encontraba inoperativa, impidiendo validar documentos ya cargados. “No pedimos privilegios, solo que se respete el derecho a culminar un trámite iniciado dentro del plazo legal”, sostuvo.
De acuerdo con el dirigente, las fallas no fueron aisladas. Aseguró que otras organizaciones políticas enfrentaron inconvenientes similares y que existen actas firmadas por personeros donde se deja constancia de los problemas técnicos. Además, indicó que el propio Jurado reconoció las incidencias al ampliar el plazo, aunque —según su versión— sin garantizar que el sistema funcionara correctamente durante ese periodo adicional.
Frente a esta situación, Juntos por el Perú presentó recursos ante el pleno del JNE y remitió documentación a la Defensoría del Pueblo, solicitando que se respete el principio de igualdad en la contienda electoral. Según el partido, la imposibilidad de completar la inscripción no puede ser atribuida a negligencia, sino a una falla estructural del sistema informático del organismo electoral.
El caso se produce en un contexto político marcado por la desconfianza y la judicialización de los procesos electorales. Mientras el JNE evalúa las impugnaciones, Juntos por el Perú advierte que impedir su participación afectaría la pluralidad democrática y sentaría un precedente preocupante de cara a los comicios de 2026, en los que —según sostienen— la transparencia y la equidad deben primar sobre cualquier error administrativo.
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