El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, participó en la audiencia del juicio que afronta por presunta difamación en agravio de la exfiscal de la nación Delia Espinoza. La sesión fue dirigida por la jueza suprema provisional Norma Carbajal, quien, conforme al Código Procesal Penal, instó a las partes a intentar una conciliación. Sin embargo, tras una breve reunión privada, el proceso continuó al no alcanzarse ningún acuerdo.
Uno de los puntos clave fue la decisión judicial de ampliar la imputación contra Rospigliosi por un nuevo mensaje publicado en enero, donde calificó de “desquiciada” a Espinoza. La magistrada consideró que se trataría de un “delito continuado”, acogiendo el pedido del abogado Julio Huerta.
La defensa del congresista, encabezada por Humberto Abanto, se opuso al señalar que los hechos ya estaban delimitados, pero el tribunal resolvió incorporar el nuevo elemento al proceso.
Con esta medida, la presunta difamación ya no se computará desde julio de 2025 —cuando el legislador la llamó “aliada del terrorismo”— sino desde enero de 2026, lo que extiende el plazo de prescripción hasta julio de 2030.
Durante los alegatos de apertura, Huerta sostuvo que “se demostrará que los mensajes son difamatorios y causaron perjuicio”, mientras que Abanto afirmó que su patrocinado ejerció “su derecho a la libertad de expresión y crítica a altos funcionarios”.
Tras la audiencia, Rospigliosi publicó un mensaje en X en el que señaló: “La juez aceptó la propuesta para procesarme por ‘delito continuado’ porque he seguido criticándola después que me demandó. Y lo seguiré haciendo”.
En la etapa probatoria, se admitieron mensajes en redes sociales y una entrevista en Canal N como parte de las pruebas documentales. La próxima sesión se realizará el 10 de marzo a las 14:00, con la declaración de Delia Espinoza, en un caso que mantiene la atención sobre la tensión entre libertad de expresión y presunta difamación en la política peruana.
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