El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley desestimó el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones y bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez, investigado por presunta negociación incompatible. La solicitud fue presentada en el marco de una investigación preliminar que indaga una supuesta intervención irregular en una contratación dentro del Ministerio del Interior.
Según la hipótesis fiscal, Santiváñez habría influido para que se contrate como abogado a Carlos Alvizuri Marín, vinculado a su estudio jurídico, para asumir la defensa de Jorge Luis Ortiz Marreros. De acuerdo con un testigo protegido, el objetivo habría sido evitar que Ortiz se acogiera a una colaboración eficaz en el caso Los Waykis en la Sombra y que sus declaraciones perjudiquen a Nicanor Boluarte.
En su resolución, Checkley sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía —entre ellos la declaración del testigo protegido y las presuntas irregularidades administrativas— no aportan información relevante que justifique una medida tan invasiva. El magistrado señaló que un eventual levantamiento del secreto de comunicaciones solo confirmaría contactos habituales entre Santiváñez y su entorno laboral, y que la geolocalización carecía de utilidad al tratarse de funcionarios que compartían el mismo espacio de trabajo.
Respecto al secreto bancario, el juez también rechazó el requerimiento al considerar que los hechos investigados no guardan relación con movimientos financieros. La investigación, que también involucra al exfuncionario Ricardo Kanashiro Romero, se centra en una contratación directa por S/150 000 que habría incumplido requisitos profesionales y superado los límites legales de contratación. Pese a ello, el juzgado concluyó que, por ahora, no existen fundamentos suficientes para afectar los derechos fundamentales de los investigados.
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