Tras la denuncia de 800 casos de abuso sexual en la comunidad Awajún en la provincia de Rioja, San Martín, el Poder Judicial, en respuesta, anunció la implementación del sistema especializado de justicia y la puesta en marcha de una logística fluvial para garantizar el traslado de víctimas desde comunidades alejadas hasta las sedes judiciales de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Según el comunicado oficial, se dispuso el uso de tres deslizadores grandes cerrados, con capacidad para 11 o más tripulantes, y seis embarcaciones abiertas tipo chalupa, una medida clave para enfrentar las enormes distancias y la falta de vías terrestres en la zona.
El anuncio se produce tras el informe difundido por Cuarto Poder, que reveló que cerca de 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis continúan sin sentencia.
En respuesta, la institución ratificó su compromiso de “sancionar con todo el rigor de la ley” los delitos de violencia sexual y recordó que el 14 de enero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se trasladó a Condorcanqui para inaugurar 10 órganos jurisdiccionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
No obstante, la realidad territorial sigue siendo un obstáculo: para declarar, muchas víctimas deben viajar hasta seis horas por río o carretera, un costo que las familias no pueden asumir.
A este escenario se suman prácticas que frenan la vía penal. Rosemary Pioc, lideresa awajún, advirtió que en algunas comunidades se pactan indemnizaciones para detener denuncias. “Se han registrado casos donde los agresores entregan motores fuera de borda o hasta S/5000 para que el proceso no continúe”, alertó.
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