El acuerdo de colaboración eficaz entre el empresario brasileño Jorge Barata y la Fiscalía, firmada en junio del 2019, quedó sin efecto por ambas partes. El abogado del exrepresentante de Odebrecht informó que su patrocinado no dará más declaraciones sobre el caso Lava Jato por pedir su detención.
Por este mecanismo, Barata recibió varios beneficios por parte de la justicia peruana, la más importante: su libertad.
En un inicio cumplió con sus declaraciones y reveló el pago de sobornos a los expresidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y PPK; así como a Keiko Fujimori. Esto fue fundamental para que la Fiscalía continúe las investigaciones y recabe más pruebas.
Sin embargo, el panorama cambió y Barata decidió no presentarse en las últimas audiencias desde el año pasado, por ejemplo en el juicio contra Humala. Lo que provocó que el fiscal Domingo Pérez pidiera la revocación del acuerdo y en respuesta el Poder Judicial admitió el pedido en julio de este año.
En respuesta el abogado de Barata señaló que apelaron a la decisión. Antes que se resuelva esa solicitud, desde la Fiscalía pidieron 36 meses de prisión preventiva por el caso del Gaseoducto Sur, en el cual Odebrecht entregó más de cuatro millones de dólares a Ollanta Humala. El Poder Judicial dictó la cárcel solicitada y empezaron los trámites para traer a Barata de Brasil.
Hasta ese momento, solo se conocía que el empresario había apelado a la prisión. Empero en una entrevista dada a EFE, el defensor de Barata, Carlos Kauffmann, informó que su patrocinado no participará como testigo en más procesos que investiguen a Odebrecht. “Con esa actitud, cierran cualquier participación de Barata que pueda auxiliarlas”, indicó Kauffmann.