La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República para impedir que el Poder Judicial revise sus decisiones de nombramientos, sanciones, ratificaciones y evaluaciones en contra de jueces y fiscales.
Eso, mediante el plan de modificar el artículo 142 de la Constitución Política para blindar sus resoluciones disciplinarias, salvo en casos de vulneración de derechos humanos, en una iniciativa que responde a tensiones recientes entre ambos poderes del Estado.
La propuesta normativa llega tras una serie de conflictos entre la JNJ y el Poder Judicial, incluida la medida cautelar otorgada por el Noveno Juzgado Constitucional a Delia Espinoza para regresar como fiscal de la Nación tras su suspensión por la JNJ.
Según el texto del proyecto, la JNJ busca que sus resoluciones sean “irrevisables” por el PJ, similar a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en materia electoral.
En la exposición de motivos, la JNJ argumenta que la intervención judicial afecta la seguridad jurídica y “menoscaba la independencia funcional” de su actuación, y que la “proliferación de recursos judiciales” provoca demoras en la ejecución de sanciones y nombramientos que terminan por paralizar la administración de justicia.
“La interferencia judicial (…) produce un efecto de fragmentación del control disciplinario”, afirma el documento oficial.
El proyecto contempla una excepción para que el Poder Judicial solo pueda intervenir mediante proceso de amparo si se advierte vulneración de derechos humanos, reduciendo así el campo de revisión judicial tradicional.
Además de la reforma constitucional, la iniciativa también propone ajustar el Nuevo Código Procesal Constitucional para armonizar este nuevo alcance legal.
Este movimiento ha reabierto el debate sobre la separación de poderes y el control jurisdiccional, especialmente a raíz de la demanda competencial de la JNJ contra el PJ ante el Tribunal Constitucional, que cuestiona decisiones judiciales sobre el caso Espinoza y otras controversias recientes.
El Congreso ahora deberá evaluar la viabilidad de la reforma, que implica un procedimiento agravado por tratarse de una modificación constitucional, en un contexto en el que la relación entre los órganos de justicia y control sigue siendo foco de debate político y jurídico en el país.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
