El Ministerio Público oficializó la salida de Pablo Sánchez de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo como fiscal supremo titular. A través de la Resolución 381-2026-MP-FN, publicada en el diario El Peruano, el fiscal de la nación interino dispuso concluir su designación en cumplimiento de la Ley Orgánica de la JNJ, que establece que “el juez o fiscal no ratificado cesa en el cargo a partir del día siguiente de notificada la resolución”. Aunque Sánchez presentó un recurso de reconsideración, la norma precisa que dicho trámite no suspende la ejecución de la medida.
La decisión se sustenta en una comunicación remitida por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en la que se informa el cese del fiscal supremo decano del Ministerio Público. El caso ha generado amplio debate en el ámbito jurídico y político, debido a que Sánchez es una figura clave en investigaciones emblemáticas como el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que marcó un hito en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia peruano.
En su recurso de reconsideración, Pablo Sánchez cuestiona que la JNJ “vuelve a valorar los hechos, analiza los descargos y realiza un nuevo juicio de reproche” respecto de procesos disciplinarios ya concluidos. Entre ellos menciona la supuesta triple percepción de ingresos —como fiscal supremo, docente universitario y consejero de la Academia de la Magistratura— y el presunto uso de su cargo para favorecer la contratación de su hijo en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “En cambio, ahora, reevaluando los mismos hechos, arriba a la conclusión que lo que corresponde es la destitución o no ratificación”, sostiene en su apelación.
El exfiscal también afirma que existió una investigación fiscal sobre estos hechos que fue archivada por falta de elementos incriminatorios. “No se determinó la materialidad de las imputaciones formuladas, pese a lo cual, la JNJ desconociendo la función y la decisión del titular de la acción penal construye su razonamiento para atribuirme responsabilidad”, señala. Mientras se programa la audiencia de reconsideración, el caso reaviva el debate sobre la independencia del Ministerio Público y el alcance de las facultades disciplinarias de la Junta Nacional de Justicia en el Perú.
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