El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de Renovación Popular para apartar a su presidente, Roberto Burneo, de los procedimientos electorales relacionados con Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana.
El organismo declaró improcedente la recusación y determinó que la denuncia penal por presunto acoso y coacción presentada contra el líder político no compromete la imparcialidad del magistrado.
DENUNCIA. La controversia surgió luego de que la Procuraduría Pública del JNE denunciara, el pasado 30 de octubre, a López Aliaga y al excandidato presidencial Carlos Álvarez ante la Fiscalía de Lurín.
Renovación Popular argumentó que esta acción legal podía afectar la objetividad de Burneo durante la proclamación de resultados y entrega de credenciales.
Sin embargo, el Pleno electoral concluyó que no existían fundamentos suficientes para justificar su apartamiento.
En su resolución, los magistrados Maisch Molina, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli precisaron que no existe un expediente pendiente de resolver sobre la situación electoral de López Aliaga. Además, señalaron que la Procuraduría defiende intereses institucionales y no personales.
"La denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública del JNE en contra del señor candidato no puede tomarse como una riña o enemistad entre este y el titular del JNE", establece el documento.
La denuncia se originó por expresiones atribuidas a López Aliaga durante abril de 2026 y posteriormente reproducidas por Carlos Álvarez en un acto público realizado el 24 de octubre en Lurín.
El procurador Ronald Angulo sostuvo que ambos episodios podrían configurar "un patrón de conducta y no un hecho aislado".
Asimismo, afirmó que las declaraciones habrían excedido los límites de la crítica legítima contra una autoridad electoral, hechos que deberán ser evaluados por el Ministerio Público.
ARCHIVO. Finalmente, el JNE dispuso el archivo definitivo del pedido de recusación presentado por Renovación Popular.
El magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió un voto en minoría al considerar que la solicitud carecía de objeto, debido a que el organismo ya había fijado una posición general sobre las denominadas reelecciones encubiertas de alcaldes.
La decisión permite que Burneo continúe ejerciendo sus funciones en los procedimientos electorales que correspondan, mientras la denuncia penal sigue su trámite independiente.
