El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, responsabilizó al Congreso por los vacíos en la legislación que permiten a alcaldes y gobernadores regionales continuar en cargos públicos pese a la prohibición de la reelección inmediata. Explicó que la norma impide que vuelvan a postular al mismo cargo, pero no prohíbe que busquen otro puesto de elección popular.

Burneo recordó que en 2015 se modificó la Constitución para prohibir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, señaló que el Legislativo no estableció restricciones para que estas autoridades puedan postular a otros cargos.

Esta situación permite que un alcalde que termina su periodo pueda postular como primer regidor, pasar de alcalde distrital a provincial o incluso buscar posteriormente un cargo en el gobierno regional.

El titular del JNE aclaró que el organismo electoral no puede crear nuevas prohibiciones durante un proceso electoral. “Está prohibida la reelección. Lo que no está prohibido es que un candidato con la condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional”, explicó.

Por ello, Burneo consideró necesario que el Congreso revise la legislación y debata una reforma integral del sistema electoral para definir qué cargos pueden ocupar las autoridades que culminan sus periodos.

JNE PLANTEA REVISAR REGLAS ELECTORALES. Burneo anunció que el JNE impulsará propuestas legislativas para fortalecer el sistema electoral y poner en discusión la llamada reelección encubierta, así como otros aspectos de las reformas constitucionales que afectan los procesos electorales.

El funcionario sostuvo que estos cambios deben discutirse antes de que comiencen nuevos procesos electorales y tomando en cuenta las distintas realidades de las regiones del país, no únicamente la situación de Lima.

Respecto a los candidatos con sentencias o antecedentes, señaló que el JNE debe aplicar las normas vigentes y que durante el proceso electoral actual no corresponde modificar las reglas. Agregó que la evaluación de la idoneidad de los candidatos también recae en los ciudadanos y en las organizaciones políticas, que deben revisar sus hojas de vida antes de presentarlos.