La anulación de las elecciones primarias de Acción Popular para los comicios generales de 2026 generó una crisis institucional y reabrió el debate sobre el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como garante de la transparencia democrática. Según la Resolución N.º 0745-2025-JNE, la entidad electoral fue advertida oportunamente sobre irregularidades graves en el registro de delegados, pero no adoptó las acciones necesarias para corregirlas. Para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta omisión fue determinante en el fraude que terminó invalidando todo el proceso interno.
El documento precisa que la entonces presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), Cinthia Pajuelo, sustituyó sin justificación a 28 delegados legítimamente electos por otros afiliados, alterando el padrón que sustentaría la elección de candidaturas. A pesar de que el CNE remitió el 3 de diciembre la lista oficial de delegados, la ONPE publicó un día después un registro distinto, incorporando nombres irregulares. Ante pedidos de nulidad y rectificación, la entidad dirigida por Piero Corvetto respondió que no le correspondía intervenir en ese punto del proceso.
La ONPE envió un informe el 7 de diciembre señalando que cualquier lista distinta a la comunicada por sus canales oficiales “carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia del proceso”. Sin embargo, el JNE sostiene que dicho pronunciamiento fue insuficiente. El organismo recordó que sus fiscalizadores advirtieron expresamente que se estaba validando a delegados que no fueron electos el 30 de noviembre, pero la ONPE desestimó estas observaciones. Para el Jurado, la entidad incumplió su responsabilidad constitucional de garantizar que el voto refleje la voluntad auténtica del elector, tal como exige el artículo 176 de la Constitución.
La resolución del JNE concluye que todas las mesas de sufragio presentaron un “vicio sustancial”, lo que significa que la integridad del proceso de democracia interna quedó completamente comprometida. El organismo electoral subrayó que la democracia interna es un pilar del sistema político peruano y que cualquier distorsión en esta etapa afecta el ejercicio pleno de los derechos de participación, así como la legitimidad del proceso electoral general.
En este contexto, el JNE determinó que la anulación de las primarias no solo responde al fraude interno ejecutado mediante la alteración del padrón, sino también a la falta de reacción oportuna de la ONPE. Según el fallo, la entidad dejó pasar una irregularidad grave pese a haber sido advertida, debilitando la transparencia y confianza en el proceso electoral rumbo al 2026.
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