El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió la tacha presentada contra Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, al considerar que existen fundamentos legales para evaluar su exclusión del proceso electoral. La impugnación se sustenta en una condena firme por el delito de peculado, lo que, según la normativa vigente, impediría su participación en los comicios generales de 2026.
La solicitud fue presentada por Jeanpier Valverde Ortega, militante de Avanza País, quien argumentó que la candidatura vulnera la Ley 30717, norma que prohíbe postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas por delitos de corrupción. El Jurado confirmó que la tacha cumple con los requisitos formales y notificó al personero legal de Perú Primero para que presente sus descargos dentro del plazo establecido.
En su resolución, el JEE precisó que, si bien el Tribunal Constitucional ha interpretado la norma en casos anteriores, la existencia de una sentencia penal firme —reconocida incluso por el propio candidato— constituye un elemento suficiente para evaluar la procedencia de la exclusión. La autoridad electoral subrayó que la revisión se realizará conforme al marco legal vigente y al principio de legalidad que rige los procesos electorales.
El caso adquiere mayor relevancia al considerar que Mario Vizcarra asumió la candidatura presidencial luego de que su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, renunciara a postular tras recibir una condena de 14 años de prisión por corrupción. La decisión generó cuestionamientos desde diversos sectores políticos, que consideran que la postulación busca eludir las restricciones legales que pesan sobre el exmandatario.
Mientras el Jurado Electoral evalúa los descargos, el partido Perú Primero ha denunciado una supuesta persecución política y ha llamado a la ciudadanía a respaldar su participación en las elecciones de 2026. El desenlace del proceso no solo definirá el futuro de la candidatura de Mario Vizcarra, sino que también marcará un precedente clave sobre los límites legales para postular a cargos públicos en el país.
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