Desde las 9:00, el presidente José Jerí responde preguntas del Ministerio Público en una diligencia reservada realizada en Palacio de Gobierno. El interrogatorio es dirigido por el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez, en el marco de una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
La diligencia se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida tras el caso de la expresidenta Dina Boluarte, que faculta al jefe de Estado a elegir el lugar del interrogatorio y limitar su participación a un máximo de dos sesiones. Jerí asiste acompañado de su abogado, conforme a la normativa vigente, mientras la investigación se desarrolla bajo estricta reserva.
El foco del caso, conocido como ‘Chifagate’, está puesto en reuniones no registradas entre el mandatario y empresarios de origen chino, principalmente Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. El episodio central es la cita del 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de San Borja, que Jerí atribuyó a una celebración protocolar, aunque se investiga si existió relación con gestiones empresariales posteriores ante el Estado.
Las pesquisas también alcanzan a las visitas de Xiaodong a Palacio de Gobierno, pese a que afronta arresto domiciliario por presuntos delitos vinculados a tráfico ilegal de madera y organización criminal. La Fiscalía busca establecer si hubo gestiones irregulares o favorecimientos, más aún ante contradicciones detectadas entre la versión presidencial y antecedentes judiciales del empresario, como su dominio del idioma español y su acreditación como traductor juramentado.
El fiscal Gálvez acudió a Palacio junto a fiscales supremos y provinciales, y recordó que, una vez agotadas las dos sesiones permitidas, cualquier profundización del caso deberá esperar al término del mandato presidencial en julio de 2026. En paralelo, el Ministerio Público ha citado a los empresarios involucrados como testigos y solicitado información a diversas entidades, mientras en el Congreso las mociones de censura y vacancia presentadas hasta ahora no han alcanzado el respaldo necesario para prosperar.