El presidente José Jerí vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse una nueva reunión no registrada en la agenda oficial, esta vez en el establecimiento market Capón, ubicado en el jirón Paruro 763, en pleno Centro de Lima, propiedad del empresario Zhihua Yang, local que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad Metropolitana de Lima por infringir normas de comercialización.
Las imágenes difundidas por el programa Cuarto Poder muestran al mandatario ingresando al local la tarde del 6 de enero, durante la Bajada de Reyes, acompañado por una joven de su comitiva y un agente de seguridad del Estado, pese a que el negocio contaba con un cartel visible de clausura que prohibía cualquier actividad o ingreso ajeno al personal autorizado. Según los registros municipales, el local fue sancionado por vender productos al por mayor cuando solo tenía permiso para venta minorista.
El video de las cámaras de seguridad revela además a Jerí caminando en círculos dentro del establecimiento mientras realizaba una llamada telefónica con gestos de evidente incomodidad, frente a la mirada del empresario chino, lo que reforzó las sospechas sobre el carácter reservado del encuentro, que no duró más de tres minutos y no contó con registro institucional ni explicación inmediata por parte del jefe de Estado.
Ante la difusión del material, el entorno presidencial intentó minimizar el hecho señalando que el mandatario habría ingresado únicamente para comprar “caramelos chinos”, versión que fue cuestionada por especialistas. El exprocurador Alex Guerrero advirtió que “nadie debía ingresar a un local clausurado mientras esté vigente la sanción”, calificando la visita presidencial como “innecesaria y sospechosa”, dadas las circunstancias legales del establecimiento y su propietario.
La controversia se agrava al conocerse que Zhihua Yang registra al menos tres ingresos a Palacio de Gobierno pese a tener una orden judicial de arresto domiciliario por 24 meses, dictada en Puerto Maldonado por presuntos delitos vinculados a tala ilegal y organización criminal, lo que, según Guerrero, debería motivar una revisión inmediata por parte del Ministerio Público y sumar un nuevo frente de cuestionamientos a la gestión de José Jerí.