A pocas semanas de cumplir dos meses en el cargo, José Jerí, anunció una de las reformas más profundas de su gestión: la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de una nueva autoridad, la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir). La medida, que se ejecutará desde enero de 2026, forma parte de un plan de emergencia frente a la crisis en los penales y al creciente poder del crimen organizado al interior de ellos.
Jerí explicó, en una entrevista con El Comercio, que su gobierno ya cuenta con facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y que la reforma penitenciaria será la primera decisión estructural de su administración. Según dijo, el nuevo organismo permitirá un control más estricto, centralizado y moderno de los penales, con énfasis en seguridad, infraestructura y resocialización.
El mandatario afirmó haber heredado un sistema penitenciario colapsado, marcado por corrupción, falta de control y una expansión sostenida de mafias internas. Reveló que durante años se permitió el uso de teléfonos públicos en los penales para coordinar extorsiones y otros delitos, empleando códigos que dificultaban el rastreo. Pese a ello, aseguró que el Estado registra comunicaciones y números internos desde 2010.
Respecto al actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco —investigado por presuntos actos de corrupción—, Jerí indicó que permanecerá en el cargo solo hasta enero, tras haber cumplido las acciones inmediatas solicitadas por el Ejecutivo. Su salida se concretará con la activación oficial de la Sunir, que asumirá todas las funciones penitenciarias bajo un esquema renovado y con nuevas designaciones.
En paralelo, Jerí anunció el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional, con compras de armas, chalecos y vehículos tácticos para enfrentar el sicariato y la extorsión. Ratificó su respaldo al comandante general Óscar Arriola y afirmó que su objetivo es estabilizar al país mediante decisiones firmes y técnicas. “No postulé para ser presidente; asumí una responsabilidad constitucional”, sostuvo, insistiendo en que su gobierno ya ejecuta acciones estructurales frente a la criminalidad.
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