[1:23 p.m., 22/9/2025] Alvaro:
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, infringió la neutralidad electoral al participar en actos proselitistas en la región Piura. La decisión incluye remitir el caso al Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo Regional de La Libertad para evaluar posibles responsabilidades.
El organismo electoral confirmó que el líder de Alianza Para el Progreso vulneró el numeral 32.1.5. del Reglamento de Neutralidad, que prohíbe a funcionarios públicos “formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato”.
Según la resolución, Acuña realizó “constante propaganda política” en favor de su partido, APP, durante actividades en Piura. Entre ellas, pasacalles, eventos en el Fundo Stewart y reuniones en plazas de La Unión y Catacaos, con amplia concurrencia de simpatizantes y registro audiovisual difundido por el programa 24 Horas.
El fallo también precisa que Acuña no solo es gobernador regional, sino además presidente y afiliado de APP, y desde julio de 2023 encabeza la Dirección Ejecutiva Nacional de la agrupación, según el Registro de Organizaciones Políticas.
[1:23 p.m., 22/9/2025] Alvaro: Segundo peritaje confirma voz de Santiváñez en audios
Un nuevo análisis judicial ratifica la autenticidad de las grabaciones que vinculan al ministro de Justicia con pedidos de información sobre Nicanor Boluarte
Un segundo peritaje confirmó con “muy alta probabilidad” que la voz en los audios enviados vía WhatsApp al capitán PNP Junior Izquierdo corresponde a Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia. En esas grabaciones se solicitaba información sobre la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, cuando Santiváñez aún no ejercía funciones públicas.
El exprocurador Antonio Maldonado advirtió que la evidencia “ratifica la autenticidad de los audios y fortalece la hipótesis fiscal sobre una posible estrategia de protección al entorno presidencial”. Según señaló, los hechos muestran un uso indebido de influencias para obtener cargos en el Ejecutivo, incluso antes de asumir responsabilidades en el Estado.
Maldonado también alertó sobre las consecuencias institucionales: “Los audios y la posterior designación del hoy ministro revelan una cadena de decisiones que habrían contribuido a la desarticulación de la DIVIAC, afectando la lucha contra la corrupción”. Para él, los actos descritos comprometen no solo a Santiváñez, sino también a la presidenta Dina Boluarte.
Desde el Ejecutivo se planteó que los audios podían haber sido generados con inteligencia artificial, pero esa versión fue descartada. “Es una prueba legal, científica, y suficientemente convincente para cualquier tribunal”, remarcó Maldonado, quien aseguró que los peritajes independientes y validados por la Fiscalía confirman que no hubo manipulación en el material.
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