La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú inició un proceso administrativo disciplinario contra el coronel Harvey Colchado y otros cuatro integrantes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte.
En la resolución se indica que "esta situación permite denotar un apresuramiento en realizar el operativo policial a pesar de una falta de previsión en la revisión y verificación de la orden de operaciones y sus anexos". También señalan que no se consignó una resolución judicial y que otros documentos de Inteligencia tienen una resolución del 30 de marzo del 2024 cuando la operación policial inició el 29 de marzo.
A Colchado lo acusan de uras el ariete conocido como 'torito', el cual según argumenta, "no se encuentra regulado en los instrumentos normativos y gestión de la institución policial".
Además, se advierte en el contenido de la resolución judicial que se dispone al Ministerio Público la ejecución de la medida coercitiva, autorizando entre ellos el descerraje de ser el caso de no permitirse el ingreso al inmueble. Sin embargo, "no se indica bajo qué medio o forma debía realizarse esta acción y si es la institución policial la que debía hacerlo".
Por su parte el ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, indicó que el coronel Harvey Colchado podría pasar a retiro o en caso que sea falta leve recibir una amonestación.