El Poder Judicial iniciará este próximo 10 de enero el juicio oral en contra el exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Luis Vera Castillo.
Al exsuperintendente de la institución se le acusa de no denunciar las presiones que recibía por parte de Bruno Pacheco, quien era secretario general del Despacho Presidencial durante el Gobierno del vacado presidente Pedro Castillo.
Vera fue citado bajo ‘apercibimiento’ o ‘advertencia’ de ser declarado reo contumaz en caso de que no acuda, previa verificación en la audiencia. Además, se podría ordenar su ubicación, captura, aprehensión y conducción policial.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos habría acusado a Vera Castillo como autor del delito de omisión de denuncia agravada en perjuicio del Estado, por lo cual, se solicita dos años de cárcel.
Asimismo, pidió que pague cinco mil soles de reparación civil a favor del Estado y sea inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos.
Cabe destacar que este caso tiene sus inicios en la revelación de una serie de chats en los que se exponía una conversación mantenida entre Luis Enrique Vera, cuando ocupaba el cargo de superintendente de Sunat, y Bruno Pacheco, el entonces secretario presidencial de Pedro Castillo. Es este último quien le requería la ubicación de abogados específicos dentro de su institución.
En este diálogo, que data de fines del 2021, Pacheco también habría pedido favores tributarios para la empresa Deltron, además de presuntamente haber intercedido a favor del abogado Marco Urbina Chumpitassi en una convocatoria para el matillero público y facilitar una importación de mercurio para la firma MQVC Corporation.
En consecuencia, el Ministerio Público dispuso el inicio de las diligencias en contra del exfuncionario en febrero del año pasado. Vera es acusado de no haber comunicado a las autoridades la comisión de delito de tráfico de influencias por parte del exsecretario.
El contenido de los mensajes fue aceptado por el acusado, aceptando de que se trataban pedidos fuera del margen de la ley y que no cumplió con denunciar ante la Fiscalía u otra autoridad correspondiente.