Lima. Los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera y Guido Águila Grados, implicados en el caso ‘Cuellos Blancos’, se acogieron a la Ley 31751 —también denominada ‘ley Soto’— que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción.
La audiencia en la cual la defensa legal de ambos sustentó el pedido fue ayer y solicitaron que se archive el caso.
A Iván Noguera se le acusa del delito de tráfico de influencias. Entre marzo, mayo y junio del 2018, habría invocado y obtenido influencias en la tramitación de la carpeta fiscal número 60-2016.
Su abogado Sergio Huamán precisó que busca acogerse a la Ley 31751 en dos casos en concreto: el convenio Telesup (fecha de comisión del delito 5 de febrero de 2018) y la contratación de su exalumno William Alan Franco Bustamante en la Corte Suprema (4 de enero de 2018).
Según investigaciones periodísticas, Noguera pidió a Walter Ríos firmar un convenio con Telesup y a César Hinostroza solicitó trabajo para su exestudiante.
En el caso de Águila Grados, su abogada Lizet Lozano, pidió que el caso del nombramiento de la cuñada del exconsejero Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2016, se archive.
Según audios difundidos Águila e Hinostroza coordinaron para poner a Rojas como administradora. El delito se habría cometido el 31 enero de 2018, por lo que, según el cálculo de la defensa, prescribió el 31 de enero de 2022.
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