Lima. Este 7 de diciembre es el día D para el presidente Pedro Castillo Terrones, pues enfrentará un nuevo pedido de destitución desde el Congreso de la República. La situación del jefe de Estado se complica más por las graves acusaciones de José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que vuelve a poner en la palestra los oscuros manejos del entorno del presidente Pedro Castillo.
Es decir, el jefe de Estado vuelve a enfrentar una grave acusación con solo 16 meses en el poder. El exjefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, reveló detalles sobre un posible encubrimiento ilegal que el mandatario peruano habría ejercido con su entorno más cercano para proteger a sus sobrinos, Jaime y Fray Vásquez Castillo, y al exministro de Transportes, Juan Silva, quienes son acusados de recibir fuertes cantidades de dinero a cambio de beneficiar a empresarios con millonarios contratos con el Estado.
Fernández Latorre dio a conocer que el jefe de Estado sí tenía conocimiento de todo los actos irregulares que hacían sus familiares porque él mismo se lo reveló. Incluso, manifestó que otro de sus familiares, Rubdel Oblitas Paredes, llegó hasta su despacho para pedirle 100 mil soles y luego un millón de dólares, “porque quería contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares”.
Igualmente, dio a conocer un audio en el que el exsubsecretario de Palacio de Gobierno y exmiembro del ‘Gabinete en la sombra’, Beder Camacho, nombró a ministros y exfuncionarios del gobierno de Castillo que ayudaron en la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes acusado de ser parte de una organización criminal dentro del MTC y de recibir millonarios pagos para el otorgamiento de obras millonarias. Castillo Terrones, como en anteriores ocasiones, ha preferido optar por el silencio.
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