Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, recibe un sueldo mensual de S/ 4000 como coordinadora administrativa en la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, pese a que no asiste a su centro laboral y utiliza su horario de trabajo para participar en campañas a favor de la liberación de su hermano y en actividades partidarias de Juntos por el Perú. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el 27 de noviembre, mientras debía encontrarse en sus oficinas ubicadas a más de 30 kilómetros, se encontraba dando declaraciones frente al penal de Barbadillo.
Periodistas acudieron al área donde figura asignada y no la encontró. Ningún trabajador supo precisar su paradero. Aunque algunos aseguraron que realiza labores en campo, ninguno la reconoció en los puntos donde supuestamente trabaja. La municipalidad confirmó que Irma Castillo figura en planilla y que no posee antecedentes como proveedora ni como empleada del Estado. Documentos obtenidos por el reportaje muestran que ingresó al Registro Nacional de Proveedores el 6 de junio, y pocos días después fue invitada directamente a ocupar el cargo municipal pese a no tener experiencia previa en el sector público. Aunque el puesto exigía a un contador habilitado, Castillo no cuenta con habilitación profesional.
Fotografías y videos la registran frente al penal de Barbadillo en distintas fechas laborales —14, 18 y 27 de noviembre— participando en actividades políticas junto a simpatizantes y miembros de su partido. El 27 de noviembre permaneció en el lugar varias horas y solo apareció de forma fugaz en la municipalidad, durante menos de cinco minutos. El vínculo político es evidente: el alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, milita en Juntos por el Perú, la misma organización política de los Castillo. Otras mujeres del partido también acuden a marchas y actividades mientras figuran en planilla estatal.
El reportaje también reveló que Analí Márquez Huanca, candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, registra órdenes de servicio en la misma municipalidad. Consultada por Cuarto Poder sobre su labor, evitó dar una explicación clara. El caso incrementa las sospechas de presunto uso político de cargos públicos dentro de la comuna.
El contexto político está marcado además por la reciente condena contra Pedro Castillo, sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que no llegó a consumar el delito de rebelión, por lo que la Fiscalía redujo su pedido inicial de 34 años. Castillo fue absuelto de abuso de autoridad y perturbación del orden público, pero quedó inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos y obligado a pagar, junto con sus coacusados, una reparación civil de S/ 12 millones.
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