El Gobierno, encabezado por el presidente José Jerí, anunció la convocatoria de una reunión para evaluar el impacto de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao, cuyo balance será dado a conocer en los próximos días. El anuncio se produce en un contexto crítico, luego de confirmarse que los primeros días del 2026 constituyen el peor inicio de año en materia de seguridad desde que existen registros oficiales, con 55 homicidios reportados hasta el 10 de enero, según el Sinadef.
El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y reunió a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú, junto a otros funcionarios vinculados a la lucha contra la delincuencia. Durante la cita, Jerí insistió en la necesidad de mantener un “trabajo incansable y permanente” frente al crimen, aunque las cifras oficiales evidencian que la violencia no ha disminuido pese a las medidas adoptadas.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, Lima concentra 25 homicidios, manteniéndose como la región más golpeada por la violencia letal, seguida por el Callao con siete casos. Lambayeque e Ica registran cuatro asesinatos cada una, Piura y Áncash tres, y La Libertad dos. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que la tendencia supera los promedios históricos y que solo tres días —1, 3 y 4 de enero— concentraron nueve muertes cada uno, casi la mitad del total registrado.
La crisis de seguridad también se refleja en la percepción ciudadana. El Barómetro de Seguridad, respaldado por Ipsos, revela que el 76 % de los peruanos no se siente seguro al salir de casa, cifra que se eleva al 81 % en Lima. Además, el 28 % de la población afirma no sentirse segura ni siquiera dentro de su vivienda, mientras que en la macrorregión norte el 80 % de los habitantes se declara desprotegido.
Uno de los sectores más afectados es el transporte urbano, donde en los primeros días del año ya se reportan al menos ocho ataques extorsivos y dos conductores asesinados. El gremio denuncia la falta de prevención policial y ha anunciado un paro nacional para el 15 de enero, que podría paralizar hasta 12 000 unidades. Las extorsiones, que han elevado el cobro diario de cupos de diez a treinta soles por vehículo, han llevado a los transportistas a exigir respuestas concretas del Estado ante una violencia que persiste incluso bajo el estado de emergencia.
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