El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) pasará por un proceso de reorganización durante 120 días calendario. La medida fue dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-JUS, con el objetivo de revisar el funcionamiento de la institución, detectar deficiencias y proponer cambios en su organización administrativa.
La disposición establece una evaluación integral de las áreas del ministerio para determinar si existen funciones duplicadas, responsabilidades que se superponen o competencias que no están claramente definidas. Estos problemas pueden dificultar la coordinación interna y retrasar el cumplimiento de las responsabilidades del sector.
ASPECTOS EVALUADOS. La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tendrá a su cargo elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y funcional del ministerio.
La revisión incluirá el uso del presupuesto, la planificación institucional, la inversión pública, la gestión por procesos y los mecanismos de integridad pública. También se analizará cómo se coordinan las distintas dependencias y de qué manera se articula el trabajo con otras instituciones.
Con los resultados de esta evaluación, la oficina deberá plantear medidas de reforma y mejora organizacional. Es decir, no se trata únicamente de revisar documentos, sino de identificar qué cambios necesita el ministerio para ordenar sus funciones y mejorar su gestión.
El decreto precisa que la reorganización alcanza exclusivamente al Minjusdh y no modifica la estructura interna de sus organismos públicos adscritos, que continuarán rigiéndose por sus propias normas de organización.
El diagnóstico deberá convertirse en un informe técnico con los hallazgos y recomendaciones, que será presentado al Despacho Ministerial dentro del plazo establecido. Antes, deberá contar con la conformidad de los despachos viceministeriales de Justicia y de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, además de la Secretaría General.
La disposición lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda.