El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori evalúa trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad a hangares militares en desuso, que serían acondicionados temporalmente para funcionar como espacios de reclusión.
La medida está dirigida principalmente a personas que no cometieron delitos violentos, entre ellas quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026 había 2672 personas recluidas por este delito: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa coordina la identificación y habilitación de estos espacios, que contarían con medidas de seguridad y control para garantizar el cumplimiento de las condenas.
MEDIDAS. El Gobierno también plantea limitar beneficios relacionados con la reducción de penas mediante terminación anticipada para delitos como extorsión, sicariato y secuestro, considerados de mayor gravedad.
Además, ante la falta de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que actualmente cuenta con poco más de 7000 efectivos, se propone que las Fuerzas Armadas participen de manera excepcional y temporal en el resguardo externo de los penales.
Con ello, los efectivos penitenciarios podrían concentrarse en el control y la seguridad dentro de los establecimientos, mientras el personal militar asumiría labores de vigilancia en el perímetro exterior.
