El gobierno de Keiko Fujimori prepara la contratación de un abogado por hasta S/100 000 para asumir la defensa legal del expresidente transitorio José Jerí Oré, quien afronta una investigación preliminar ante la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación de allegados durante su gestión.
El caso está relacionado con la incorporación de funcionarias al Ejecutivo que previamente habían mantenido reuniones con Jerí en Palacio de Gobierno. Una de ellas incluso permaneció en la sede presidencial durante la noche de Halloween y salió al día siguiente, según los registros citados en la investigación.
El pago con recursos públicos generó cuestionamientos desde el Congreso. La senadora y presidenta de la Comisión de Justicia, Katherine Ampuero, anunció que prepara junto al diputado José Baella una iniciativa para limitar el uso de dinero estatal en la contratación de abogados privados para funcionarios investigados por corrupción.
CASOS. No sería la primera vez que el Estado cubre la defensa legal de Jerí. En febrero, el despacho presidencial autorizó un servicio similar por otra investigación fiscal relacionada con presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, vinculada a reuniones no registradas con empresarios chinos.
La contratación se sustenta en la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, normas que contemplan defensa y asesoría legal para determinados servidores y exservidores públicos. Jerí dejó el poder tras cuatro meses de gestión y luego de acumular siete mociones de censura en el Congreso.
