El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció la creación de un subsistema de justicia especializado para combatir eficazmente la extorsión, el sicariato y el secuestro en el país, una medida que busca dar respuesta rápida y articulada del Estado ante el incremento de estos delitos.
El anuncio se realizó durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde Álvarez detalló que el nuevo mecanismo pretende integrar el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de agilizar la persecución penal y sancionar con mayor celeridad a los responsables.
“Se trata de establecer un subsistema que comprometa a todas las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, afirmó Álvarez tras la reunión junto al presidente, José Jerí.
Según el premier, la articulación de inteligencia policial y acciones conjuntas entre Fiscalía y Policía ha permitido confrontar bandas organizadas, pero la extorsión se ha “informalizado”, manifestándose incluso entre vecinos y dentro de comunidades o empresas locales.
“En muchos casos no se trata de grandes organizaciones, sino de personas que buscan dinero fácil extorsionando a su propio entorno”, explicó.
El subsistema se inspira en modelos de justicia rápida como el de flagrancia, con protocolos claros de investigación y juicios expeditivos que permitan acelerar procesos y reducir la impunidad en estos delitos de alto impacto social.
En paralelo, el Gobierno extendió por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao para reforzar el control del orden interno, apoyado por las Fuerzas Armadas y con restricciones temporales a derechos constitucionales basadas en inteligencia y mapas del delito.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación institucional y responder a las demandas ciudadanas de mayor seguridad y justicia rápida frente a los delitos que afectan la convivencia y la tranquilidad pública.