La habilitación oficial de la carretera UC-105 ubicada en Ucayali por el gobierno de José Jerí ha reavivado un debate clave: ¿infraestructura para el desarrollo o una puerta abierta a las economías ilegales en la Amazonía? La norma, impulsada por la bancada de Fuerza Popular, permitirá conectar Pucallpa con Atalaya y Puerto Breu, en la frontera con Brasil, justo en una zona donde la deforestación avanza al ritmo del narcotráfico y la minería ilegal, según reveló un reciente reportaje de Epicentro TV.
La iniciativa legislativa, presentada por la congresista fujimorista Jenny López, se aprobó en el Congreso sin mayor discusión y exonerada de segunda votación. Sin embargo, los promotores del proyecto evitaron responder por qué se busca abrir una carretera en un territorio que concentra cultivos ilegales de coca, trochas forestales nuevas, concesiones madereras cuestionadas y el tránsito constante de mochileros vinculados a redes de tráfico de drogas. Autoridades locales, como el alcalde de Atalaya, defienden la vía como una oportunidad comercial con Brasil, pese a las advertencias sobre su potencial criminal.
El rechazo más firme proviene de las comunidades indígenas. Pueblos de Perú y Brasil conformaron una Comisión Transfronteriza para denunciar que la carretera vulnera sus territorios y derechos. “Los bosques no están en venta y el río no es un negocio”, declaró un líder amazónico citado por Mongabay, subrayando que la obra se impulsa sin consulta previa y con un evidente riesgo de acelerar la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades ancestrales.
Los especialistas coinciden en que la UC-105 atraviesa un corredor estratégico del narcotráfico. Monitoreos satelitales han detectado múltiples narcopistas, nuevas áreas deforestadas y crecientes actividades mineras a pocos metros del trazo proyectado. Investigadores sostienen que esta infraestructura no reducirá la ilegalidad: por el contrario, podría mejorar la logística de organizaciones criminales que operan desde Ucayali hacia Acre, en Brasil. La expansión simultánea de coca, madera ilegal y oro revela un sistema económico ilícito en constante diversificación.
El panorama se vuelve aún más crítico al considerar que autoridades judiciales de Brasil han confirmado la presencia del Comando Vermelho —una de las organizaciones criminales más violentas del continente— en la frontera ucayalina. Expertos en seguridad advierten que, sin una presencia estatal sólida y sostenida, nuevas carreteras podrían replicar patrones devastadores ya vistos en la Amazonía: ocupación ilegal acelerada, invasión de territorios indígenas y expansión de economías que profundizan la degradación ambiental y social de la región.
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