El Gobierno del presidente interino José María Balcázar designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), entidad encargada de administrar los establecimientos penitenciarios del país.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, publicada el 8 de marzo y firmada junto al ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra. Con este nombramiento, Cotos Ochoa se convierte en la máxima autoridad del sistema penitenciario peruano.
La designación ocurre en un momento de cambios dentro del sistema carcelario, que enfrenta problemas como hacinamiento, seguridad y control de actividades ilícitas en los penales. Entre las reformas planteadas por el Ejecutivo se encuentra la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), organismo que busca reorganizar la gestión penitenciaria y fortalecer las políticas de resocialización de internos.
Cotos Ochoa cuenta con una larga trayectoria dentro del INPE. En 2013 fue designado director de la Oficina Regional Sur con sede en Arequipa y anteriormente dirigió la Oficina Regional de Lima. Durante su gestión también encabezó la región norte del sistema penitenciario, supervisando penales en ciudades como Trujillo, Chiclayo y Piura.
En ese periodo sostuvo que uno de los principales retos era reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. “Debemos intensificar los controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los penales”, afirmó en su momento.
No obstante, su trayectoria también ha estado marcada por cuestionamientos institucionales. En 2015, la Defensoría del Pueblo del Perú solicitó una rectificación por declaraciones atribuidas al funcionario, lo que generó un intercambio entre ambas entidades sobre las condiciones de supervisión en los penales.
Más recientemente, en 2026, el INPE aprobó su solicitud de defensa legal tras ser incluido en una investigación fiscal por presunto abuso de autoridad. Pese a estos antecedentes, el Gobierno lo eligió para liderar el sistema penitenciario en una etapa clave para la reforma de las cárceles en el país.
