Durante la administración de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior (Mininter) gastó S/1 421 570 para contratar los servicios de defensa legal a favor del ministro Juan José Santiváñez y para otros funcionarios con procesos pendientes.
Del monto actual, S/751 570 fueron destinados únicamente para la contratación de abogados para el ministro actual, además de los exministros del Interior: Carlos Basombrío, Víctor Torres Falcón, Ismael Vargas Céspedes, y Victor Rojas Herrera en diversos casos que van desde delitos contra la administración pública -como negociación incompatible-, denuncias constitucionales e incluso genocidio.
Por el lado de los funcionarios del Mininter beneficiados con la contratación de abogados usando dinero público para ejercer sus defensas legales, se encuentran los señores: Miguel Ángel Castro Taipe, Edwin Luis Revilla García, Carola Eliana Eyenith Cuadros Abanto, y Patricia Siboney Muñoz Toia. La suma invertida en estos funcionarios para la contratación de sus representantes alcanza los 320 mil soles.
Los motivos en estos cuatro casos no se limitan a faltas administrativas -como es el caso del señor Castro Taipe- sino que también se contrató a defensores legales de personal administrativo que habría cometido presuntos delitos contra la administración pública, como negociación incompatible, en los casos de Revilla García y de Muñoz Toia; además de colusión agravada en agravio del Estado, en el caso de Cuadros Abanto.