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Gobierno crea registro para criminales que usan métodos terroristas

La norma establece penas de hasta 35 años de cárcel y permite congelar activos y generar alertas migratorias contra los integrantes de estas organizaciones

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DIARIO VIRAL

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El Poder Ejecutivo creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), una herramienta que permitirá identificar y hacer seguimiento a las agrupaciones delictivas que utilizan atentados con explosivos o armas para generar temor y obtener beneficios económicos ilegales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Legislativo 1746, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado.

El nuevo registro busca diferenciar a las organizaciones criminales que, además de cometer delitos para obtener ganancias, recurren a métodos de violencia extrema similares a los utilizados por grupos terroristas. La administración estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), y la información tendrá carácter reservado.

Como parte de los cambios, se incorporó el artículo 317-C al Código Penal, que establece penas de entre 15 y 35 años de prisión para quienes utilicen explosivos o armas contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o actividades económicas con el propósito de cometer delitos vinculados a organizaciones criminales y conseguir ganancias ilegítimas.

REGISTRO. La inscripción podrá sustentarse en la formalización de una investigación preparatoria, la imposición de medidas de coerción personal o una sentencia condenatoria por el nuevo delito.

También podrá realizarse mediante una declaración del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), que deberá verificar tres condiciones: que la agrupación tenga una estructura organizada y jerarquizada, que planifique, ejecute o promueva atentados con explosivos o armas y que busque obtener beneficios económicos ilegales.

Una vez que existan actuaciones judiciales o fiscales que respalden la inscripción, las fiscalías, juzgados y salas penales deberán remitir la información correspondiente a la Sedena en un plazo máximo de tres días hábiles. Además, el Cosedena revisará periódicamente si todavía existen las condiciones que justificaron la incorporación de cada organización.

CONTROL DE DINERO Y DESPLAZAMIENTOS. La norma también establece mecanismos para limitar las operaciones financieras y la movilidad de las personas vinculadas con las organizaciones inscritas.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) podrá disponer el congelamiento inmediato de fondos y activos relacionados con las personas comprendidas en el registro. Esto busca impedir que los recursos económicos vinculados con estas actividades puedan seguir utilizándose.

Por su parte, la Sedena enviará información a la Superintendencia Nacional de Migraciones para generar alertas migratorias preventivas.

Finalmente, el Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de estas disposiciones en un plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente de la entrada en vigencia del decreto.

 

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Periodista en Diario Viral. Comprometidos con la verdad y la información de Arequipa.

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