El presidente interino José Jerí promulgó el Decreto Legislativo 1739, que incorpora al Código Penal el delito de “revelación de información reservada”, una medida que inicialmente generó preocupación por posibles restricciones a la libertad de prensa. Sin embargo, la norma precisa que “no constituye delito ni participación delictiva” la difusión de información reservada por parte de periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de su labor informativa, buscando despejar temores sobre eventuales persecuciones.
El nuevo delito está dirigido exclusivamente a funcionarios y servidores públicos que, por razón de su cargo, tengan acceso a información sensible vinculada a procesos penales en trámite. Según el texto oficial, la sanción aplica únicamente a filtraciones relacionadas con investigaciones por delitos como extorsión, secuestro o sicariato, especialmente cuando se revele la identidad de denunciantes protegidos o diligencias reservadas antes de su ejecución. Las penas oscilan entre cinco y siete años de prisión, además de inhabilitación y multa.
El decreto también establece agravantes que elevan la condena de siete a diez años si la filtración frustra diligencias fiscales, pone en riesgo la vida del denunciante, beneficia a organizaciones criminales o implica la venta de información reservada. Asimismo, se exime de responsabilidad penal al funcionario que revele datos con el fin de denunciar hechos que “razonablemente puedan constituir un delito de persecución pública”, incorporando una figura cercana a la del denunciante protegido.
La medida forma parte de un paquete de decretos legislativos emitidos en la última semana tras la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. Entre ellos destacan normas que endurecen penas por extorsión, restringen beneficios penitenciarios y limitan a siete las líneas móviles por persona para combatir el crimen organizado. Con esta batería de disposiciones, el Gobierno busca reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana en un contexto de creciente debate sobre transparencia y libertades fundamentales.
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