El presidente José Jerí promulgó el Decreto Legislativo N.° 1700, que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, e incorpora un nuevo ilícito penal: la adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos. La norma, publicada en El Peruano, busca reforzar la ciberseguridad y la protección del derecho fundamental a la autodeterminación informativa frente al uso ilegal de información digital.
El nuevo marco legal establece penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes posean, compren, reciban, comercialicen, intercambien o trafiquen datos informáticos, credenciales de acceso o bases de datos personales, cuando se tenga conocimiento —o se deba presumir— que dicha información fue obtenida sin consentimiento del titular o mediante la vulneración de sistemas de seguridad. El delito responde a una problemática recurrente en el país, marcada por hackeos y filtraciones a entidades públicas y privadas, cuyos datos terminan en el mercado negro o difundidos masivamente por aplicaciones de mensajería.
La norma contempla agravantes que elevan la pena a entre ocho y diez años de cárcel si el delito es cometido por integrantes de una organización criminal, si genera perjuicio patrimonial grave o afecta a una pluralidad de personas, o si las bases de datos provienen ilícitamente de una entidad pública. La única excepción prevista es cuando exista autorización expresa del titular de la información, mandato judicial o administrativo, o cuando se actúe en el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o funciones legalmente reconocidas, sin aprovechamiento ilícito.
Para el abogado penalista Carlos Caro Coria, la reforma no es un ajuste marginal, sino una respuesta a la evolución de la criminalidad digital. Según explicó, el legislador reconoce que el mayor riesgo ya no se limita al acceso indebido a sistemas, sino a la economía ilegal de los datos, donde bases de información personal y credenciales se compran y venden como activos en mercados clandestinos.
La promulgación del decreto se da en paralelo a cuestionamientos sobre la gestión del presidente interino. Un reportaje reveló que el despacho congresal de José Jerí continúa operando pese a que asumió funciones presidenciales en octubre de 2025, con el pago de sueldos a siete trabajadores y un gasto acumulado de más de 144 mil soles hasta diciembre. Según la investigación periodística, desde su llegada a Palacio de Gobierno solo se registró un proyecto de ley, elaborado antes de la vacancia de Dina Boluarte, mientras el despacho seguía funcionando sin actividad legislativa visible.
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