El presidente José Jerí iniciará este mediodía una ronda de reuniones con representantes de los principales gremios de motociclistas del país, con el objetivo de analizar posibles modificaciones a la norma que prohíbe que dos personas se trasladen en una misma motocicleta en regiones declaradas en estado de emergencia. La medida, impulsada por el Ejecutivo para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato, ha generado un amplio rechazo desde su promulgación.
Entre las organizaciones convocadas figuran la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo, cuyos dirigentes también sostendrán conversaciones con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los colectivos cuestionan la efectividad de la restricción y sostienen que la prohibición afecta la movilidad, el trabajo y derechos fundamentales de miles de ciudadanos que usan motocicletas como principal medio de transporte.
La disposición fue establecida mediante decreto supremo el 20 de enero y restringe la circulación de motocicletas con más de un ocupante en zonas en emergencia. El régimen sancionador contempla multas económicas y medidas administrativas severas: la primera infracción implica una multa de S/660 (12 % de la UIT) y el descuento de 50 puntos del récord del conductor, mientras que la reincidencia eleva la sanción a S/1320 (24 % de la UIT) y la pérdida de 60 puntos, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia.
Desde los gremios de motociclistas se ha advertido que la norma no ataca las causas estructurales de la inseguridad ni reduce de forma efectiva los homicidios o delitos cometidos por organizaciones criminales. Según sus voceros, la prohibición castiga de manera generalizada a conductores formales sin distinguirlos de quienes utilizan motocicletas para fines ilícitos, tal como informó RPP.
En contraste, la Policía Nacional del Perú respalda la medida. El comandante general Óscar Arriola defendió la restricción al señalar que se trata de una regulación estricta pero necesaria debido al uso recurrente de motocicletas en el crimen organizado. Mientras el Ejecutivo insiste en priorizar la seguridad pública con medidas excepcionales, el diálogo abierto con los gremios marcará si el Gobierno ajusta o mantiene una de las disposiciones más cuestionadas de su estrategia contra la delincuencia.
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