El Ministerio del Interior (Mininter) gastó en este 2024 cerca de S/292 200 en la contratación de una persona jurídica para que brinde los servicios especializados en asesoría y defensa legal de dos exministros como son: Carlos Basombrío Iglesias y Víctor Torres Falcón, así como al actual titular, Juan José Santiváñez; todos inmersos en investigaciones preliminares por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Para la defensa de Santiváñez Antúnez se abrió una convocatoria pública dando como ganador al único postor presentado DCC Consultores, el Estudio Caro y Asociados, que resultó seleccionado para el cargo. Según el contrato firmado, el monto total de honorarios asciende a S/120 mil, divididos en dos partes: S/60 mil por concepto de honorarios fijos y otros S/60 mil como comisión de éxito.
Su investigación del actual hombre de confianza de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, se centra en el uso indebido de su cargo para iniciar una investigación interna dentro de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Esta acción fue dirigida contra el capitán de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Junior Izquierdo.
LOS DEMÁS. Sobre Víctor Falcón, el delito sería de abuso de autoridad. Las pesquisas se dan a fin de recabar información respecto a la presunta salida irregular del excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo. El inicio de estas diligencias se habría dado en el marco de las remociones entre los altos mandos de la PNP.
Para su defensa se contrató al Estudio Muñiz por un pago de S/148 320. Del mismo modo para la defensa legal de Carlos Basombrío se contrató a la firma de Azabache Caracciolo por S/123 900. El pago por norma de servicios legales a exfuncionarios fueron cuestionados duramente por el congresista Jaime Quito, quien indicó que hay un proyecto de ley para eliminarlos.
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