Política

Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

El fiscal de la nación interino solicitó acceder a las comunicaciones del exministro del Interior y otros implicados en una presunta contratación irregular por S/150 mil

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El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, solicitó al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación por presunta negociación incompatible. El requerimiento también alcanza al exdirector de Administración del Mininter, Ricardo Kanashiro Romero; al abogado Carlos Alvizuri Marín; y a Jorge Luis Ortiz Marreros, involucrado en el caso “Los Waykis en la sombra”.

Según el requerimiento fiscal, el caso gira en torno a la contratación directa del abogado Carlos Alvizuri Marín por S/150 mil para asumir la defensa de Ortiz Marreros. De acuerdo con un testigo protegido, Santiváñez habría pedido a Alvizuri tomar el caso para evitar que Ortiz se convierta en colaborador eficaz y declare contra Nicanor Boluarte. Esta versión motivó la revisión de los términos de contratación en el Mininter.

La Fiscalía sostiene que los requisitos para contratar de manera directa a un abogado defensor fueron modificados de forma irregular, ya que inicialmente exigían tres años de experiencia, condición que Alvizuri no cumplía. Sin embargo, el entonces director Ricardo Kanashiro habría ordenado omitir dicho requisito, lo que permitió favorecer al abogado cercano a Santiváñez pese a que el monto superaba el límite de 8 UIT para adjudicaciones directas.

El juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el 1 de diciembre una audiencia reservada en la que se evaluará el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados. La diligencia se centrará en determinar si existió concertación para manipular el proceso de contratación y evitar la delación de Ortiz Marreros.

En paralelo, el Poder Judicial autorizó a Santiváñez viajar a Colombia entre el 1 y el 6 de diciembre, a pesar de contar con impedimento de salida del país por otra investigación vinculada a presunta interferencia ante el TC, el INPE y el Ministerio de Justicia. El juez Checkley consideró “razonable” permitir su salida debido a que la exposición académica a la que asistirá constituye su actual medio de sustento económico.

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