El cerco judicial sobre Ciro Castillo Rojo no logró impedir su fuga pese al despliegue policial y fiscal activado en Lima y el primer puerto. La madrugada del 15 de diciembre, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal; sin embargo, cuando los agentes allanaban su vivienda en La Punta, el gobernador ya había abandonado una clínica privada, evadiendo la captura.
Un reportaje del dominical Cuarto Poder difundió imágenes inéditas captadas por cámaras de seguridad de un centro médico en Pueblo Libre. En los videos se observa a Castillo disfrazado de paciente, con mascarilla y en silla de ruedas, acompañado por personal de salud que facilitó su traslado hasta un vehículo de lunas polarizadas. Minutos antes, el exgobernador había solicitado un alta médica voluntaria, justo cuando la Policía se dirigía a ubicarlo.
La secuencia registrada revela una salida cuidadosamente calculada. Según el informe periodístico, Castillo abandonó la clínica alrededor de las once de la mañana, prácticamente al mismo tiempo que los agentes de la Dirección contra la Corrupción llegaban para ejecutar la orden judicial. El uso de una clínica privada habría servido para dilatar su localización y operar una huida discreta, lo que abre la hipótesis de una posible alerta previa sobre el operativo en marcha.
Las dudas también alcanzan al propio Gobierno Regional del Callao. Cuarto Poder informó que Castillo dejó de asistir a sus oficinas días antes del megaoperativo y que, tras su fuga, los ambientes laborales aparecieron vacíos, sin documentos ni pertenencias personales. Además, se detectó una ruta interna que conectaba su despacho con estacionamientos y sótanos, lo que refuerza la sospecha de un plan premeditado para eludir cualquier cerco policial.
Desde la clandestinidad, la defensa del exgobernador sostiene que no existió notificación formal de la investigación ni de la orden de detención. No obstante, el dominical exhibió documentos oficiales que acreditan citaciones previas de la Policía Anticorrupción, incluso con escritos firmados por el propio Castillo solicitando reprogramaciones. La contradicción entre la versión legal y los registros oficiales mantiene el caso bajo fuerte escrutinio público, mientras las autoridades continúan la búsqueda del prófugo.
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