Luego de intensas críticas y una movilización indígena que puso en agenda nacional la crisis judicial en la Amazonía, el Ministerio Público anunció la reactivación de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer en Río Santiago y El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida se produce tras la desactivación de estas oficinas por falta de presupuesto, lo que generó alarma por el posible archivo o paralización de más de 800 denuncias de abuso sexual contra menores.
Durante la marcha del 13 de febrero, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, Rosemary Pioc Tenazoa, confirmó la decisión fiscal. “Se ha dispuesto la reactivación inmediata de las fiscalías”, informó ante los manifestantes, quienes exigían garantías para que los casos no quedaran en la impunidad. Las oficinas habían dejado de operar tras el despido de 26 trabajadores bajo el régimen CAS, entre asistentes y personal administrativo, lo que paralizó la atención especializada en la zona.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Gilder Zapana Mayta, ratificó que la disposición fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Según indicó, las fiscalías retomarán funciones de inmediato y se evalúa la reposición del personal despedido. La suspensión había comprometido incluso el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, herramienta clave para la evaluación legal y psicológica de víctimas de violencia sexual.
Las cifras reflejan la gravedad del problema: en 2024 se registraron 93 denuncias, en 2025 fueron 87 y en lo que va de 2026 ya se reportó un nuevo caso. En promedio, se presentan seis denuncias mensuales en esta provincia amazónica. Organizaciones indígenas advirtieron que el cierre debilitaba gravemente la respuesta estatal frente a la violencia sexual infantil. Con la reactivación, esperan que el sistema de justicia retome su labor y garantice atención oportuna a niñas, niños y adolescentes afectados.
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